La política educativa del Presidente Ernesto Zedillo se encierra en las reformas constitucionales de 1992 y 1993, en la Ley General de Educación que promovió como Secretario de Educación Pública, vigente desde 1993, y en el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, en el cual se presenta un sin fin de principios declarando el carácter prioritario de la educación al establecer que el Ejecutivo Federal debiera de tomar en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo nacional y fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios para la educación pública. Es por ello que también se proclamó que “la educación debería de ser una prioridad del Gobierno de la República, tanto en sus programas como en el gasto para su realización.
Pero a pesar del discurso nos podemos dar cuenta que en la educación media, se dio una disminución del gasto. Al igual ocurre en la educación superior, en donde también se ve afectado por la disminución del gasto federal. A través de los resultados se pude observar el resultado negativo de la política educativa del gobierno de Ernesto Zedillo. Ya que si la educación superior no cuenta con los recursos necesarios provoca que nuestro país se encuentre en desventaja frente a otros países en desarrollo económico y educativo.
Por ello y de acuerdo con estos datos se puede llegar a la conclusión de que la política educativa del gobierno de Ernesto Zedillo no ofreció una educación a la niñez y a la juventud como se pretendió en un principio y solo quedo en el discurso. Y la política educativa del gobierno de Zedillo contribuyó a la crisis de la Universidad Nacional (UNAM) y con ello al conjunto del sistema de universidades financiadas por el Estado. Y provocó que los fondos fueran insuficientes para la investigación, bajos salarios y prestaciones, pérdida de prestigio de la profesión académica, poca infraestructura y mal mantenida, cobertura insuficiente, baja calidad de la educación, irrelevancia de la enseñanza y la investigación, rezago curricular y equipamiento a veces miserable de los salones de clase, de los laboratorios y las bibliotecas.
La situación en las principales universidades públicas del país, muestra que lejos de actuar en el sentido de apoyar a la educación pública superior, el gobierno actual orienta su actividad a la reducción del sistema e incluso a su liquidación o venta para fortalecer el proyecto privatizador de las instituciones bancarias, como el del grupo financiero Bancomer.
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